- Propone que en las obras públicas no se coloquen placas o grabados con el nombre o nombres de servidores públicos en activo cuando la obra sea inaugurada.
- Esto demerita el esfuerzo colectivo ciudadano del pago de impuestos, cuya recaudación es la que posibilita la realización de las obras y politiza los actos administrativos.
- Sostuvo que esto puede generar molestia y polarización por el uso político que representa.
El diputado local Jorge Triana Tena reprobó que funcionarios abusen de los esfuerzos colectivos de las comunidades e intenten apropiarse de obras públicas sellando con sus nombres, o el de un personaje que admiran y con quien ideológicamente coinciden, los proyectos de infraestructura que realizan dentro de su periodo de gobierno.
Manifestó que no es ético y para evitar esta situación, el día de ayer presentó una iniciativa de adición al artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano en materia de placas conmemorativas.
“A ninguna obra pública se le colocarán placas, láminas o grabados que contengan el nombre de uno a más servidores públicos que se encuentren activos al momento de la inauguración de la misma, independientemente del nivel en el que se desempeñen”, indica el documento.
Lo anterior, dijo, demerita el esfuerzo colectivo ciudadano, en cuanto al pago de impuestos al ser la recaudación la que posibilita la realización de este tipo de proyectos, y politiza el actuar del Gobierno.
Señaló que mientras las obras de Gobierno, y dicho sea de paso, los programas sociales se liguen con la imagen de una persona, éstos pierden sentido como factor indispensable para el crecimiento social y para el desarrollo de la economía.
Esta propuesta legislativa del diputado Triana, propone que en las obras públicas no se coloquen placa o grabados con el nombre o nombres de servidores públicos que se encuentren activos.
Recordó que el retiro de placas en el Metro, causó numerosas molestias, en donde historiadores, urbanistas y cronistas de la Ciudad alzaron la voz condenando el retiro de las placas, mientras que, colectivos ciudadanos defensores de los derechos humanos, señalaron que era una acción positiva para la sociedad.
Por ello, a fin de evitar este tipo de confrontaciones sociales esta iniciativa pone freno a la politización y utilización actual y futura de las obras que se realizan con recursos públicos, dejando estipulado que ninguna obra pública sea referida con el nombre del servidor público, en cuyo periodo administrativo se inició o concluyó la obra, o que se le coloque una placa que lo contenga.