• Blindar los derechos humanos, espíritu de la nueva legislación en materia de marchas.
• Garantiza protección a los manifestantes y busca poner orden con horarios que no afecten a la ciudadanía.
Acompañamiento de derechos humanos, Seguridad Ciudadana y servicios médicos, así como el establecimiento de horarios y una Bitácora que de seguimiento al número de Manifestaciones y Marchas, son parte de la iniciativa de Ley de Protesta Social presentada el día de hoy ante el Congreso local por la diputada del PAN América Rangel Lorenzana.
Desde la tribuna, la presidenta de la Comisión de presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano argumentó que esta iniciativa busca poner orden y conciliar tanto la libertad de expresión o el derecho a manifestarse como la libertad de tránsito y el derecho a la movilidad.
“Es importante la libertad de expresión como la libertad de movimiento por una mejor Ciudad”, subrayó.
Rangel Lorenzana sostuvo que con esto se podrá tener marchas y manifestaciones en orden respetando su libertad de expresión, pero también atendiendo las demandas de los habitantes, garantizando su derecho a la libertad de tránsito y coadyuvando a que hagan sus actividades cotidianas.
La panista dijo que, entre los objetivos de esta nueva legislación, es que no existan personas, grupos, ideas u opiniones excluidas.
“A diferencia de intentos anteriores por regular las marchas y manifestaciones, esta iniciativa pretende establecer un mecanismo de convivencia armónica y de derechos, eliminando aspectos de inconstitucionalidad manifestados por órganos jurisdiccionales”.
Entre los conceptos, destaca la libertad de expresión y de tránsito, avisar a las autoridades sobre fechas, rutas y temas, con la finalidad de facilitar vías de comunicación dejando 1 ó 2 carriles para que circulen los habitantes, así como una bitácora de seguimiento y seguridad por la policía local.
Contarán con Protección Civil por parte de las autoridades y el contingente podrá estar asistido en todo momento por personal de Derechos Humanos.
América Rangel indicó que al ser sede de los Poderes de la Unión, esto hace que la Ciudad de México sufra desgastes. Informó que en 2017 se calculó que de las más de diez mil marchas y manifestaciones, el 60 por ciento corresponde a problemas que no fueron generados en la Ciudad de México, sino a nivel federal.
Por ello, detalló, el primer reto de cualquier regulación constitucionalmente correcta, es lograr un balance, una ponderación razonable entre el derecho de manifestación y el derecho a la libertad de tránsito, cuando las manifestaciones transcurren por la vía pública.