• Hoy, la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 prende de nuevo ese viejo foco rojo que son las prisiones, con el creciente riesgo de que se conviertan en un problema sanitario y de seguridad con el que ninguna autoridad local o federal quiere toparse en estos momentos.

Las cárceles de México siempre han sido un complejo problema que cada administración enfrenta y al que buscan una solución por dificultades como el hacinamiento, autogobiernos, salubridad, violencia dentro y fuera. Al día de hoy, todos han fracasado.

Hoy, la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 prende de nuevo ese viejo foco rojo que son las prisiones, con el creciente riesgo de que se conviertan en un problema sanitario y de seguridad con el que ninguna autoridad local o federal quiere toparse en estos momentos.

Es por ello que organizaciones civiles han alzado la voz para que se tomen cartas en el asunto, en busca de que se activen mecanismos de preliberación que, de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, beneficia, por razones humanitarias, a grupos vulnerables, como adultos mayores con enfermedades degenerativas o también a aquéllos privados de su libertad por delitos no graves.

La situación es delicada, eso es cierto. Un grupo de personas confinadas a un espacio físico se convierte en un cultivo fácil para dar paso a una situación sin controles, y un brote de COVID-19 puede diezmar a toda la población en cuestión de días, sobre todo a aquéllos más vulnerables.

En este contexto, las autoridades han comenzado a ceder y tan sólo esta semana 78 presos fueron preliberados en la Ciudad de México, bajo la premisa de razones humanitarias. No me detendré a cuestionar la validez, no es mi prerrogativa; sin embargo, sí lo es el señalar las omisiones inherentes.

Si bien la decisión final sobre las preliberaciones descansa sobre la autoridad judicial, queda aún en el limbo el derecho a la justicia de las víctimas. Aquellas personas que fueron objeto del crimen por el cual hoy liberan al agresor. Así como se busca garantizar los derechos de los delincuentes, también lo deberían hacer con las víctimas y sus familiares.

Por ello, es menester que el proceso de preliberaciones sea transparente, que se ejecuten audiencias con las víctimas para manifestar su posición. Se debe reparar el daño que les fue ocasionado, de otra manera, poner en libertad a sus agresores se convierte en una afrenta a sus derechos humanos.

• La protección a la salud de los reclusos debe ser prioridad de las autoridades judiciales y del gobierno de la ciudad, eso es cierto; pero también es innegable el derecho inalienable de las víctimas, a quienes se debe resarcir el daño, de lo contrario, se violarán sus derechos humanos y eso es, por donde se le vea, tan inaceptable como las condiciones que se viven dentro de las prisiones.