México sufre las consecuencias de la indolencia y la incapacidad de sus gobiernos, ahora con los estragos de la escasez de vacunas contra el Covid-19 por la falta de previsión y estrategia para apartarlas y asegurarlas a tiempo.

Hoy somos el tercer lugar mundial en muertes y uno de los países más rezagados en vacunación. Mientras países como Israel llevan el 24.92 por ciento de su población totalmente vacunada con 2 dosis, México apenas lleva el 0.06 por ciento.

Ante el reclamo de la Alianza Federalista por transparencia y equidad en el Programa Nacional de Vacunación, y presionado al Gobierno federal por su falta de avance y contratiempos en los envíos de vacunas de Pfizer, se publicó en el Diario Oficial un Acuerdo el 25 de enero para que gobiernos estatales y el sector privado puedan importar y adquirir vacunas adicionales a las adquiridas por el Gobierno federal.

Algunos creen que el acuerdo es un bien hipócrita que sólo socializa la responsabilidad del escaso avance de vacunación en México, ante la imposibilidad de los gobiernos estatales y el sector privado para conseguir vacunas porque gran parte de la producción de este año ya está apartada.

El acuerdo dice "establecer" una acción extraordinaria para poder sumarse a la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19 en coordinación con la Secretaría de Salud, pero le faltan al menos 2 aspectos relevantes.

El primero es que únicamente contempla a los gobiernos estatales, por ser éstos autoridades sanitarias, y deja afuera los ayuntamientos o alcaldías por no tener esa calidad. De ahí que alcaldes como Enrique Vargas, en Huixquilucan, del PAN, y Víctor Hugo Romo, en Miguel Hidalgo, de Morena, no puedan tramitar adquisición alguna sin el aval y acompañamiento político y sanitario de sus gobiernos estatales, a pesar de que ambos han externado públicamente su intención de hacerlo.

Hasta ahí se entiende el punto, pero el Decreto no mandata a los gobiernos estatales a emitir acuerdos administrativos derivados del acuerdo del 25 de diciembre con los lineamientos y requisitos para que un Municipio o Alcaldía pueda acceder por su conducto a los beneficios que el propio acuerdo establece, de tal suerte que si, por ejemplo, Claudia Sheinbaum no quisiera adquirir vacunas, no hay garantía de posibilidad para Víctor Romo de intentarlo, ni para Enrique Vargas sin el acompañamiento de Alfredo del Mazo.

Sin la emisión de un acuerdo y lineamientos de la autoridad sanitaria estatal para coordinar su adquisición y su aplicación en total apego a la estrategia nacional serán imposibles, aunque la buena señal es que el Gobernador Del Mazo, según comentan en Huixquilucan, sí tiene la voluntad política de apoyar y se está trabajando en un esquema de coordinación en beneficio de los mexiquenses para sumar esfuerzos en torno a la vacunación.

Desafortunadamente, en CDMX nada ha anunciado al respecto Claudia Sheinbaum, y en el Congreso local la mayoría de Morena rechazó un exhorto para la emisión de un acuerdo en ese sentido, necesario para poder coadyuvar en las 16 alcaldías con el Programa Nacional de Vacunación.

Nada en el Acuerdo Federal contempla a los gobiernos municipales, ni obliga a los estatales a colaborar con ellos institucionalmente en favor de la salud de sus gobernados. Imagine usted el supuesto donde ambos niveles de gobierno no coincidan y el estatal se sintiera exhibido por dejar de hacer lo que uno municipal sí quiere intentar.

La otra omisión en el Acuerdo que hace que no valga la tinta en el que está impreso es el bloqueo a la participación del sector privado al que supuestamente se invita a participar de manera extraordinaria.

Sin la emisión por parte de Cofepris de permisos especiales o extraordinarios para empresas privadas, que acrediten contar con una red de frío para poder importar vacunas como distribuidores y la revalidación únicamente de las ya aceptadas por dicha autoridad sanitaria, la participación del sector privado es imposible y el acuerdo federal letra muerta y política de hipocresía.